Cuando hablamos de campos de concentración, nuestra memoria suele dirigirse inmediatamente hacia la Alemania nazi. Auschwitz, Dachau, Mauthausen o Bergen-Belsen se han convertido en símbolos universales de uno de los capítulos más terribles del siglo XX. Conocemos también las historias de algunos de quienes padecieron aquel sistema, como Primo Levi, superviviente de Auschwitz, o los miles de republicanos españoles deportados a los campos nazis después de haber huido de España. Sobre ellos hablo en dos artículos: Aragoneses en Mauthausen y El fotógrafo de Mauthausen: historia y realidad.
Sin embargo, también en España existió una extensa red de campos de concentración creada por los militares sublevados durante la Guerra Civil y mantenida por la dictadura franquista durante los primeros años de la posguerra. No fueron campos de exterminio como los establecidos por la Alemania nazi, ni tuvieron como finalidad desarrollar un genocidio racial sistemático. Esa diferencia es fundamental para comprenderlos históricamente. Pero fueron espacios de reclusión extrajudicial, clasificación política, castigo, adoctrinamiento y explotación laboral de centenares de miles de personas.
Los primeros campos comenzaron a funcionar prácticamente desde el inicio de la Guerra Civil. El de Zeluán, en el Protectorado español de Marruecos, cerca de Melilla, ya estaba en funcionamiento el 19 de julio de 1936, apenas unas horas después del comienzo de la sublevación militar. La red fue creciendo a medida que las tropas franquistas ocupaban nuevos territorios y aumentaba el número de prisioneros.
Una enorme red de campos
Durante décadas, la existencia y la magnitud de estos campos fueron mucho menos conocidas que otros aspectos de la represión franquista. La pérdida, destrucción y dispersión de documentación, junto con las dificultades de acceso a determinados archivos durante muchos años han complicado la reconstrucción de su historia.
Las investigaciones realizadas durante las últimas décadas han permitido conocer mucho mejor aquella red. El periodista e investigador Carlos Hernández de Miguel ha documentado 303 campos de concentración que funcionaron entre 1936 y 1947 y calcula que por ellos pasaron más de 750.000 personas. Se trata de estimaciones históricas, no de cifras definitivas. El recuento puede variar según las instalaciones identificadas y los criterios utilizados para clasificarlas.
Los hubo repartidos por prácticamente toda España. Algunos funcionaron durante muy poco tiempo; otros permanecieron abiertos durante años. Se instalaron en edificios que originalmente no habían sido concebidos para albergar prisioneros. Así, funcionaron como campos de concentración conventos, monasterios, cuarteles, fábricas, plazas de toros, colegios, campos de fútbol o recintos improvisados de todo tipo. Por eso, con frecuencia existieron condiciones extremas de hacinamiento. A la falta de espacio se añadían una alimentación insuficiente, unas condiciones higiénicas deficientes, enfermedades y malos tratos. Miles de prisioneros murieron como consecuencia de ejecuciones, hambre, enfermedades, torturas o las durísimas condiciones de internamiento.
Pero los campos no eran únicamente lugares donde encerrar a los vencidos. Formaban parte de un sistema represivo mucho más amplio que incluía cárceles, consejos de guerra, batallones de trabajadores y, posteriormente, otros mecanismos de utilización de mano de obra penitenciaria.

Clasificar a los vencidos
Una de las funciones fundamentales de los campos era averiguar quién era cada prisionero y determinar qué debía hacerse con él. Entonces, el 11 de marzo de 1937 se aprobó una orden general para la clasificación de prisioneros y presentados, que establecía diferentes categorías en función de sus antecedentes y de su actuación durante la guerra. La clasificación básica distinguía cuatro grupos: A, B, C y D.
En el grupo A se incluía a quienes podían demostrar su adhesión al bando franquista o, al menos, que no habían sido hostiles a él y habían combatido en el ejército republicano de manera forzada. También podían incluirse determinados combatientes presentados voluntariamente al amparo de las proclamas franquistas. En principio podían ser puestos en libertad, aunque los hombres en edad militar podían terminar incorporados al ejército franquista.
En el grupo B quedaban quienes se habían incorporado voluntariamente al ejército republicano pero no tenían atribuidas otras responsabilidades políticas, sociales o penales. Podían permanecer recluidos o ser destinados a batallones de trabajadores.
El grupo C comprendía, entre otros, a oficiales del ejército republicano, dirigentes políticos y sindicales y personas consideradas especialmente hostiles al nuevo régimen.
El grupo D incluía a quienes eran considerados presuntos responsables de delitos comunes o contrarios al derecho de gentes. Los clasificados en estos últimos grupos podían quedar a disposición de la justicia militar y enfrentarse a procedimientos que podían terminar en penas de prisión o de muerte.
La clasificación no dependía únicamente de lo que el prisionero hubiera hecho durante la guerra. Para decidir su destino se recababan informes sobre sus antecedentes políticos, sociales y personales. Alcaldes, Guardia Civil, autoridades militares, párrocos y otras personas de las localidades de origen podían proporcionar información sobre los detenidos. Los avales favorables podían convertirse así en una pieza fundamental para abandonar el campo o mejorar la clasificación. La suerte de una persona podía depender, por tanto, no solo de su actuación durante la guerra, sino también de la información que llegara desde su localidad y de las relaciones personales que tuviera allí.

Castigar y «reeducar»
Los campos tampoco pretendían únicamente identificar y clasificar prisioneros. Existía además una voluntad explícita de transformación ideológica y disciplinaria de los vencidos. Los internados eran sometidos a actos patrióticos, formación política y religiosa, misas, himnos, saludos y manifestaciones públicas de adhesión al nuevo régimen. La disciplina cotidiana buscaba recordar constantemente quiénes eran los vencedores y quiénes los vencidos. La Iglesia Católica desempeñó también un papel importante en esta labor de recatolización y adoctrinamiento dentro de numerosos campos. La asistencia religiosa podía combinarse con una interpretación de la guerra como proceso de expiación y recuperación espiritual de quienes habían permanecido en el bando republicano.
Las humillaciones, los castigos y los malos tratos formaban igualmente parte de la experiencia cotidiana de muchos prisioneros. Sin embargo, las condiciones no fueron idénticas en todos los campos ni durante todos los años de funcionamiento del sistema. Cada recinto tuvo su propia historia, sus responsables y unas condiciones materiales determinadas.
Precisamente por eso resulta importante evitar imaginar los campos franquistas como una institución completamente uniforme. Existieron campos próximos al frente, campos destinados fundamentalmente a clasificación, depósitos de prisioneros y otros centros vinculados al posterior destino laboral de los cautivos. La red fue cambiando conforme avanzaba la guerra y posteriormente durante la posguerra.
El trabajo forzado
Otro de los grandes objetivos del sistema fue aprovechar la fuerza de trabajo de los prisioneros. Miles de ellos fueron encuadrados en batallones de trabajadores y otras unidades de trabajo militarizado. Sus tareas eran muy diversas: construcción y reparación de carreteras y ferrocarriles, fortificaciones, trabajos mineros, desescombro, reconstrucción de localidades destruidas durante la guerra y otras obras.
Conviene distinguir este sistema de otras formas de trabajo penitenciario desarrolladas posteriormente por el franquismo, como la Redención de Penas por el Trabajo. Aunque ambos fenómenos formaron parte de la explotación laboral de los vencidos, no eran jurídicamente ni administrativamente lo mismo.
Numerosos investigadores, como Isaías Lafuente, han utilizado expresiones como «trabajo esclavo» para describir la situación de estos prisioneros, sometidos a trabajos forzados bajo control militar y sin libertad para decidir sobre su participación. Su trabajo fue utilizado en numerosas obras públicas, infraestructuras y tareas de reconstrucción. También existieron empresas privadas que se beneficiaron de diferentes sistemas de trabajo de presos durante el franquismo.
Por eso resulta demasiado sencillo contemplar algunas grandes obras del primer franquismo únicamente como símbolos de la política de construcción de la dictadura. Detrás de determinadas carreteras, ferrocarriles, canales, fortificaciones y obras de reconstrucción hubo también miles de hombres obligados a trabajar como consecuencia de su condición de prisioneros o represaliados.

Un sistema nacido durante la guerra que sobrevivió a ella
Los campos de concentración no aparecieron después de la victoria franquista. Habían nacido con la propia Guerra Civil y crecieron al ritmo de las conquistas territoriales del ejército sublevado. Cuando terminó la guerra, en abril de 1939, la existencia de centenares de miles de soldados republicanos capturados y de personas consideradas políticamente sospechosas convirtió la clasificación y depuración de los vencidos en una tarea gigantesca. El sistema de campos de concentración continuó funcionando durante la posguerra, aunque progresivamente muchos prisioneros fueron derivados hacia cárceles, batallones de trabajadores, el servicio militar franquista o puestos en libertad, en ocasiones bajo medidas de vigilancia.
La red fue reduciéndose paulatinamente hasta que el campo de Miranda de Ebro, considerado el último de aquella red, cerró el 13 de enero de 1947. Su historia fue peculiar durante sus últimos años, porque durante la Segunda Guerra Mundial albergó también a extranjeros que habían entrado en España huyendo del conflicto europeo y, posteriormente, a personas de distintas nacionalidades, incluidos antiguos miembros del régimen nazi.

Durante mucho tiempo, esta parte de la represión franquista ocupó un espacio reducido en la memoria colectiva española. Hoy conocemos mucho mejor su extensión gracias a la investigación histórica, los archivos, los testimonios de antiguos prisioneros y el estudio individual de los lugares donde estuvieron instalados aquellos campos. Cuando descendemos del mapa general a lugares concretos, la historia se vuelve mucho más cercana.
Aragón tuvo una presencia importante dentro de aquella red. Hubo campos en las tres provincias, algunos instalados en lugares que hoy forman parte del paisaje cotidiano y por los que pasaron miles de prisioneros. San Gregorio, San Juan de Mozarrifar, Jaca, Calatayud, Teruel, Caspe o Monzón son algunos de los nombres vinculados a aquella geografía de la represión.
Pero esa es otra historia, que dejo para otro artículo.
CONTINUARÁ…
Para saber más
Ayuntamiento de Miranda de Ebro. (2023, 13 de enero). 76 años del cierre del campo de concentración de Miranda.
Hernández de Miguel, C. (s. f.). Cronología de los campos de concentración franquistas.
Hernández de Miguel, C. (s. f.). Las cifras de los campos de concentración franquistas.
Hernández de Miguel, C. (2019). Los campos de concentración de Franco: Sometimiento, torturas y muerte tras las alambradas. Ediciones B.
Lafuente, I. (2002). Esclavos por la patria: La explotación de los presos bajo el franquismo. Temas de Hoy.
Leira-Castiñeira, F. J. (2024). Propagandistas de trinchera. Los desertores republicanos como agentes socializadores de los combatientes sublevados (1936-1939). Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
Ministerio de Cultura. (s. f.). Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros. Censo-Guía de Archivos de España e Iberoamérica.
Rodrigo, J. (2005). Cautivos: Campos de concentración en la España franquista, 1936-1947. Crítica.
Este artículo lo publiqué, originalmente, el 29 de agosto de 2023 , en el blog de Episodios Aragoneses, con el que colaboro asiduamente.